España bate récord histórico de pagar funcionarios y políticos: 160 000 millones de euros

España bate el récord histórico en pagar a funcionarios y políticos: 160.000 millones

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La factura de las nóminas públicas en 2023 se comió la totalidad de lo recaudado vía IRPF y supone ya uno de cada cuatro euros del gasto total
Siete gobiernos autonómicos gastan ya la mitad de sus presupuestos en pagar nóminas
Congreso y Senado duplican el gasto en las pensiones privadas de los asesores de los partidos

La liquidación del gasto en nóminas del conjunto de las Administraciones Públicas de 2023, que incluye los sueldos de los políticos, incluidos los altos cargos y asesores, superará con creces la barrera psicológica de los 160.000 millones, según las estimaciones más conservadoras del Ministerio de Hacienda. Se trata de un nuevo récord de esta inmensa ‘bola de nieve’ de masa salarial (conjunto de sueldos y cotizaciones a cargo del empleador), que no para de aumentar; sobre todo, en las épocas más duras de crisis económicas, pese a las recomendaciones de Bruselas de reducir el gasto estructural, ante las dudas sobre el cumplimiento del objetivo de déficit (los ingresos empiezan a atenuarse) y la permanente escalada de la deuda pública.

Esos más de 160.000 millones suponen uno de cada cuatro euros del gasto público total (incluyendo a la Seguridad Social); equivalen a algo más del 10% de la deuda pública; representan más del 11% del PIB; y superan el coste de las pensiones contributivas que perciben más de 10 millones de personas. Esta partida, cercana a la suma de fondos europeos para combatir la crisis y cambiar el modelo productivo, es también cinco veces el presupuesto que se dedica a inversión pública del conjunto de las Administraciones y se come la totalidad de la recaudación por IRPF y la mitad por IVA, los dos principales impuestos. 

Hasta septiembre de 2023 (tercer trimestre), últimos datos oficiales publicados de todas las Administraciones, el gasto presupuestario en personal había aumentado un 6,3% (unos 7.000 millones más) respecto al mismo periodo del año anterior en que crecía a un ritmo del 3,5%. Ese porcentaje se mantenía también en octubre, aunque en esta información consolidada no se incluye a la Administración Local (ayuntamientos y diputaciones). Por Administraciones, el incremento detallado de la masa salarial de la Administración Central era del 4,8% (casi 1.000 millones más) mientras que el de Seguridad Social alcanzaba el 8,9% (casi 200 millones más);  el de las autonomías subía un 6,9% (más de 4.700 millones); y el alza en los ayuntamientos llegaba al 5,5% (unos 1.100 millones). Lo que significa que de seguir esta tendencia el coste de personal podría acabar en la liquidación final que se conocerá en marzo en cerca de los 165.000 millones.

En todo caso, lo más probable es que el incremento se haya atenuado algo en los últimos meses del ejercicio por la homogenización de la estadística respecto al año anterior; y que se sitúe a finales de año en el entorno del 3,5% al 4%, hasta superar con creces esos 160.000 millones, frente a los 154.894 millones de 2022, ya que la revisión salarial acumulada, sumando el 0,5% añadido a partir de octubre y con efectos retroactivos desde enero, es del 3%.

Según la última EPA, hay ya casi 3,6 millones de empleados públicos y de políticos, 281.000 más que en año anterior a la pandemia

Es la consecuencia de varios factores que no se corrigen: del incremento del número de efectivos sin planificación alguna, mientras crecen curiosamente los procesos de digitalización que en el sector privado están reduciendo los empleos; de los deslizamientos salariales por la fuerte estabilidad laboral que supone que la mayor parte de los empleados perciba complementos salariales por antigüedad (trienios), mientras que en el sector privado han desaparecido casi en su totalidad; de las revisiones salariales por encima del sector privado; así como, por ejemplo, de la percepción de un sueldo superior en más de un 50% al que obtienen los empleados de las empresas privadas, al no verse afectados por el proceso de devaluación salarial objeto de la reforma laboral de 2012.

Ningún gobierno se ha atrevido a realizar una revisión y atenuación de esta escalada. Ni siquiera se ha estudiado una posible una remodelación de plantillas, una reestructuración acorde con la realidad económica y las demandas de los contribuyentes o un pequeño ajuste. Es más, Pedro Sánchez ha suprimido en la última reforma laboral (2022) la posibilidad que creó Mariano Rajoy en la anterior reforma (2012) de que se pudieran realizar EREs en las Administraciones, al menos del personal laboral (los funcionarios tienen su plaza y son intocables). Según la última EPA, en el tercer trimestre de 2023 había ya casi 3,6 millones de empleados públicos y de políticos, 281.000 más que en 2019 (año previo a la pandemia), 548.000 más que en el inicio de la gran depresión a finales de 2007 y casi un millón más que hace 20 años cuando comenzaron las transferencias de las competencias del Estado a las autonomías.

Maraña de entes públicos
¿Qué ha supuesto en el gasto público esta inflación de puestos públicos? En la actualidad, hay más de 19.000 entes públicos con un récord de ministerios, consejerías, concejalías y de representantes políticos. Desde el año previo a la pandemia, la masa salarial de las Administraciones ha aumentado en más de un 20%, dos puntos por encima del alza en las sociedades privadas. Desde el inicio de la gran crisis a partir de 2007, ese repunte del gasto de personal  es del 50% en el sector público, frente al 36% en el privado. Y desde hace 20 años las remuneraciones salariales públicas se han duplicado, ya que han crecido un 105% (el incremento es del 165% si se toma como referencia los años previos a las transferencias a las CCAA) mientras que las privadas llegan al 84%. Lo que confirma el incesante aumento del gasto en nóminas públicas, sobre todo cuando aprietan las crisis, mientras que el ajuste se concentra exclusivamente en el sector privado, donde las condiciones laborales son distintas. 

Inflación de funcionarios en las CCAA
La mayor parte de este coste sigue concentrándose en las comunidades autónomas. Las nóminas regionales se acercarán en la liquidación final de 2023 al techo histórico de los 100.000 millones, frente a los casi 96.000 millones de 2022. Lo que supone que más del 42% del gasto total de las autonomías se dedica a pagar salarios. El coste en los ayuntamientos se aproximará a los 30.000 millones (representa el 32% de su gasto total) mientras que el de la Administración Central superará los 29.000 millones (9% de su presupuesto total) y el de la Seguridad Social rondará los 2.900 millones.

El abono de las nóminas públicas se ha convertido en la partida más importante de los presupuestos de todas las Administraciones, exceptuando el pago de las pensiones anotado en la Administración Central. Representa un 25% del conjunto de los presupuestos y el 24% de la masa salarial de toda la economía española. Es decir, uno de cada cuatro euros que se abona en España mediante un salario corresponde a un empleado público. 

Por funciones, el 26% del gasto de personal se realiza en la sanidad pública, mientras que otro 25% se produce en la educación (estas partidas se concentran en las autonomías). Por tanto, estos servicios básicos generan el 51% del coste de las nóminas existentes en las Administraciones (unos 82.000 millones en 2023). El otro 49% tiene más letra pequeña y es más interpretable. Así, casi un 14% se emplea en mantener el orden público y la seguridad (unos 22.500 millones).

Pero, curiosamente, es en los servicios generales, que aglutinan la burocracia y la gestión política, dónde se concentra casi un 11% de esta masa salarial (unos 18.000 millones) mientras que la gestión económica (Hacienda y Economía) supone más del 8% de este presupuesto (unos 13.000 millones).

Por su parte, a protección social, se destina el 5% (unos 8.000 millones) de esta partida; a Defensa llega algo más del 4% (cerca de 7.000 millones); a cultura y ocio, el 3% (unos 5.500 millones); otro 2% de este gasto en personal (unos 3.000 millones) es para proteger el medio ambiente y cerca del 1% (unos 1.000 millones) es el coste de las nóminas de los empleados públicos relacionados con las funciones de la vivienda.
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